Con una aplanadora legislativa de 377 votos a favor y 102 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen del ‘Plan B’ electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. La validación de la reforma constitucional, concretada mediante una alianza estratégica entre Morena, sus bancadas aliadas y la fracción de Movimiento Ciudadano, fue ratificada tras absorber las modificaciones técnicas del Senado, las cuales eliminaron de tajo la propuesta original del Ejecutivo de empatar el ejercicio de revocación de mandato con los comicios intermedios de 2027.
El núcleo de la enmienda apunta directamente contra la viabilidad operativa de los ayuntamientos y congresos estatales. A través de la modificación a los artículos 115, 116 y 134 constitucionales, el oficialismo impuso una estandarización a la baja en la integración de los gobiernos locales, recortando drásticamente el número de regidurías y sindicaturas bajo el argumento de erradicar asimetrías presupuestales y forzar un esquema de austeridad republicana. Las representaciones del PAN y del PRI advirtieron que esta compactación administrativa vulnera la soberanía de los estados y amenaza con paralizar la prestación de servicios públicos municipales.
La fricción discursiva en el recinto de San Lázaro desnudó las omisiones del dictamen frente a la vulnerabilidad del sistema democrático. Mientras la oposición calificó la reforma como un atropello al pacto federal que ignora deliberadamente las fallas de fiscalización y la intervención del crimen organizado en los comicios, el bloque de Movimiento Ciudadano justificó su voto a favor para respaldar la reducción del gasto burocrático, consolidando una maniobra transaccional que avala el desmantelamiento de las estructuras locales sin resolver las deficiencias estructurales de los procesos electorales en el país.
