El despliegue de la maquinaria militar israelí sobre territorio libanés se ha consolidado como una operación de demolición sistemática. Bajo la justificación técnica de erradicar al movimiento islamista Hezbolá, las Fuerzas de Defensa de Israel presumen el desmantelamiento de más de 4 mil 300 objetivos de infraestructura y la neutralización de mil 400 combatientes desde el inicio de la escalada bélica a principios de marzo. El dictamen castrense documenta la incautación de mil 250 sistemas de armamento pesado y misiles de largo alcance, configurando una ocupación territorial que opera sin contrapesos operativos ni restricciones legales.
El costo de esta asfixia bélica recae de manera directa sobre la población civil y la soberanía de las instituciones locales. Mientras Tel Aviv califica sus incursiones como purgas tácticas, las autoridades libanesas reportan una masacre acumulada que supera las mil 800 víctimas mortales, incluyendo 163 menores de edad. La letalidad de los bombardeos rompió un nuevo límite este viernes tras un ataque directo contra un complejo de Seguridad del Estado en la ciudad de Nabatié, el cual aniquiló a ocho elementos de las fuerzas oficiales libanesas, evidenciando que la ofensiva militar ha dejado de discriminar entre bases paramilitares y el aparato estatal del país.
Esta maniobra de tierra arrasada fractura definitivamente el incipiente andamiaje de paz que intentaban sostener Washington y Teherán. Aunque la administración de Donald Trump argumenta que el Líbano quedó excluido del alto al fuego que permitió la reapertura del estrecho de Ormuz, el régimen iraní advirtió que la devastación en el sur del país vacía de sentido las negociaciones diplomáticas programadas en Pakistán. El tablero internacional confirma que la agenda militarista de Benjamin Netanyahu opera como una fuerza destructiva independiente, dispuesta a dinamitar cualquier tregua global para garantizar su hegemonía en Medio Oriente.
