En medio de las presiones inflacionarias derivadas de los conflictos en Medio Oriente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó una severa advertencia al sector gasolinero nacional por el encarecimiento injustificado en la tarifa del diésel. Durante su comparecencia matutina, la mandataria argumentó que el gobierno federal absorbe de manera directa el impacto de la volatilidad internacional mediante la inyección de subsidios públicos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), por lo que rebasar el límite pactado de 28 pesos por litro constituye un golpe carente de rigor técnico que castiga directamente a las cadenas de transporte de mercancías.
Para frenar esta escalada comercial, el titular del Ejecutivo convocó a una cumbre de revisión programada para este martes 21 de abril con los principales concesionarios y empresarios de hidrocarburos. La instrucción presidencial no se limita a exigir el cumplimiento de los márgenes operativos previamente establecidos, sino que contempla una evaluación conjunta con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) orientada a decretar una disminución oficial del precio máximo de venta al público, ajustando el tope tarifario por debajo de la cuota vigente.
La fricción entre la administración federal y los corporativos energéticos estalla a escasos días de la entrada en vigor de un acuerdo de estabilización que fijó el diésel en 28 pesos y la gasolina regular en 24 pesos, pacto que presumía la adhesión del 96 por ciento de las estaciones de servicio. Ante la ruptura de estos parámetros, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) activó un operativo de exhibición mediante la colocación de mantas de advertencia en los establecimientos infractores, mientras el aparato gubernamental despliega una campaña exhortando a la población a condicionar su compra exclusivamente a las sucursales que acaten la regulación oficial.
