En una sesión de carácter histórico para la justicia de género en el país, el Congreso de la Unión emitió la declaratoria de constitucionalidad de la Ley General de Feminicidio. Tras obtener el respaldo de la mayoría de las legislaturas estatales, esta reforma se consolida como el nuevo marco jurídico nacional para homologar el tipo penal y las sanciones contra este delito en todas las entidades federativas, eliminando las discrepancias legales que dificultaban el acceso a la justicia para las víctimas.
La declaratoria formal representa la culminación de un proceso legislativo que busca terminar con la fragmentación jurídica que prevalecía en el territorio mexicano, donde cada estado definía y castigaba el feminicidio bajo criterios distintos. Con esta nueva normativa, se establecen protocolos de investigación unificados y criterios de acreditación obligatorios para todas las fiscalías del país, lo que garantiza que los crímenes por razones de género sean juzgados bajo los mismos estándares de rigor y perspectiva de derechos humanos desde la fase inicial del proceso.
Durante el protocolo de declaratoria, se destacó que esta ley no solo endurece las penas, sino que obliga a las instituciones de procuración de justicia a implementar unidades especializadas con personal capacitado en materia de género. La estructura de la ley pone especial énfasis en la reparación integral del daño y en la protección de los hijos de las víctimas, asegurando que el Estado asuma una responsabilidad activa en el acompañamiento de las familias afectadas por la violencia feminicida.
Colectivos de la sociedad civil y familiares de víctimas calificaron este paso como una victoria necesaria, aunque recordaron que la ley por sí sola no erradica la violencia si no viene acompañada de un presupuesto suficiente para su ejecución. Señalaron que el éxito de la Ley General de Feminicidio dependerá de la voluntad política de los gobernadores para depurar sus fiscalías y de la capacidad del Poder Judicial para aplicar sentencias ejemplares que combatan la impunidad estructural que ha caracterizado a estos casos durante décadas.
Con la publicación oficial en el Diario Oficial de la Federación, las autoridades estatales tendrán un plazo determinado para armonizar sus códigos locales con el nuevo estándar constitucional. Este avance coloca a México en la ruta de cumplir con las recomendaciones internacionales en materia de protección a las mujeres, estableciendo un precedente de unidad legislativa frente a una de las crisis sociales más urgentes de la nación. La expectativa ahora se traslada a la implementación operativa, donde se medirá la eficacia de este nuevo blindaje jurídico.
