La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) ha puesto en marcha un operativo de procuración de justicia tras confirmarse el deceso de media docena de mujeres al interior del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. A través de la intervención de peritos forenses y agentes de la Policía de Investigación, las autoridades ministeriales buscan recabar los elementos probatorios necesarios para determinar las causas exactas de cada defunción y descartar o confirmar la existencia de actos constitutivos de delito.
El proceso exige una revisión milimétrica de las bitácoras de guardia, las grabaciones de las cámaras de circuito cerrado y los expedientes clínicos de las reclusas. El objetivo central de estas diligencias es reconstruir las últimas horas de las internas, evaluando el actuar del personal de custodia y de los servicios médicos del penal para identificar si existió negligencia, abandono o participación directa en los decesos.
Más allá de las autopsias de ley, estos fallecimientos han reabierto el debate sobre la crisis estructural que impera en el sistema penitenciario. Organizaciones de la sociedad civil y familiares de las mujeres privadas de la libertad señalan que el penal opera bajo condiciones de hacinamiento y con una deficiente infraestructura de atención sanitaria. Las denuncias apuntan a que la falta de suministro de medicamentos, la atención psiquiátrica nula y las malas condiciones de higiene son factores determinantes que deterioran aceleradamente la calidad de vida de la población penitenciaria.
Las muertes en custodia del Estado representan una falla crítica en la obligación gubernamental de garantizar la integridad de las personas procesadas o sentenciadas. Especialistas en derecho penal subrayan que, independientemente de la situación jurídica de las internas, la administración del centro de reclusión tiene el mandato constitucional de salvaguardar su vida y proveer entornos seguros, una premisa que queda severamente cuestionada tras esta ola de decesos.
Frente a la gravedad de los hechos, organismos defensores de derechos humanos han emitido alertas para monitorear el desarrollo de las investigaciones. La intervención de estas comisiones resulta clave para asegurar que los peritajes se realicen bajo protocolos internacionales, como el Protocolo de Minnesota, diseñado específicamente para la investigación de muertes potencialmente ilícitas bajo custodia estatal.
El despliegue de visitadores en Santa Martha Acatitla busca también documentar el testimonio de otras reclusas, quienes frecuentemente temen represalias por parte de las autoridades penitenciarias. La recopilación de estas entrevistas de primera mano es fundamental para contrastar la versión oficial y visibilizar las dinámicas de poder, extorsión o maltrato que pudieran haber originado el desenlace fatal de las seis mujeres.
El hermetismo institucional que suele rodear este tipo de casos incrementa la angustia de las familias afectadas, quienes exigen total transparencia en la entrega de los dictámenes forenses. Los colectivos que acompañan a las víctimas han presionado para que las investigaciones no concluyan en un simple archivo temporal, sino que deriven en la sanción administrativa y penal de cualquier funcionario público que haya incurrido en responsabilidades por acción u omisión.
El esclarecimiento de estos hechos no solo definirá el acceso a la justicia para las seis mujeres, sino que marcará la pauta sobre la urgencia de implementar una reforma penitenciaria de fondo. Detener la mortalidad dentro de los penales requiere que el Estado asuma una reestructuración operativa que priorice la dignidad humana y rompa con los esquemas de abandono que actualmente permean en las instalaciones de Santa Martha Acatitla.
