La presidenta instó a mantener la prudencia y evitar especulaciones hasta que las instancias correspondientes concluyan la revisión de los expedientes y emitan una resolución definitiva sobre el caso de los normalistas.
Frente a la coyuntura legal que atraviesa la investigación sobre los 43 estudiantes desaparecidos, la titular del Ejecutivo delineó una postura centrada en el respeto a los tiempos procesales. En su pronunciamiento, enfatizó la necesidad de no politizar los avances del expediente y solicitó a los distintos actores sociales permitir que los canales institucionales desahoguen las pruebas acumuladas. El objetivo, señaló, es evitar que la presión mediática o las declaraciones anticipadas puedan viciar el debido proceso o comprometer la solidez de las indagatorias.
La mandataria reconoció la complejidad del entramado jurídico actual y apuntó directamente a la responsabilidad de los tribunales en esta fase crítica del proceso. Al referirse al análisis que recae sobre la Corte y las instancias de procuración de justicia, subrayó que el gobierno federal mantendrá una postura de observancia y colaboración técnica. La línea discursiva dejó claro que cualquier determinación sobre responsabilidades penales y cadenas de mando deberá sustentarse en un análisis riguroso y con estricto apego a derecho, cerrando el paso a resoluciones apresuradas.
Más allá de la solicitud para aguardar los dictámenes judiciales, se reiteró que el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Iguala permanece como un asunto ineludible en la agenda nacional. La administración mantiene el compromiso de sostener los canales de comunicación con los familiares de las víctimas, asegurando que el llamado a la paciencia legal no representa un freno en las labores de inteligencia ni un cierre del caso. Por el contrario, se busca blindar jurídicamente cada paso para impedir que quienes resulten implicados logren evadir la acción de la justicia aprovechando vacíos procesales.
