El gobierno de Claudia Sheinbaum incrementó la presión sobre el embajador Ken Salazar para transparentar los detalles operativos detrás de la captura del líder delictivo.
La administración federal endureció su postura frente a Washington respecto a la detención de Ismael Zambada. A través del canal diplomático formal, el Ejecutivo mexicano instó a la representación estadounidense a entregar un informe exhaustivo que despeje las incógnitas sobre la logística y los posibles acuerdos que derivaron en el traslado y aseguramiento del capo.
El núcleo de la fricción radica en la falta de claridad sobre la naturaleza de la operación: si se trató de una entrega pactada, un engaño interno del cártel o un operativo con intervención no notificada. Las autoridades mexicanas sostienen que la opacidad en un caso de esta magnitud vulnera los protocolos de soberanía y los acuerdos de cooperación bilateral en materia de seguridad.
Esta demanda incesante de información marca un punto de tensión en la relación con la Casa Blanca. Mientras la justicia estadounidense ha dosificado los datos sobre los pormenores tácticos del vuelo, el gobierno de México advierte que la ausencia de respuestas oficiales fomenta la especulación política y debilita la confianza institucional necesaria para sostener las estrategias transfronterizas contra las estructuras criminales.
