La prohibición federal de las escuelas e instituciones con esquemas de formación militarizada ha dejado en una profunda zona gris regulatoria a diversos centros de adiestramiento juvenil, academias extracurriculares y planteles privados en el país.
A raíz de la medida implementada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para erradicar modelos de disciplina castrense en la educación básica tras el fallecimiento de menores en distintos centros del país, decenas de academias y grupos juveniles que operan fuera de los planteles formales enfrentan un escenario de incertidumbre jurídica. Especialistas y directivos de estas agrupaciones señalan que, al no estar catalogadas formalmente como escuelas incorporadas pero realizar actividades de instrucción y acondicionamiento físico con perfiles castrenses, las autoridades educativas carecen de un marco regulatorio preciso para fiscalizar sus métodos operativos o determinar su clausura definitiva.
Mientras diversos colectivos de derechos humanos y organizaciones de la infancia respaldan la eliminación de cualquier esquema de adoctrinamiento militar en la formación de niñas, niños y adolescentes por considerarlo incompatible con una cultura de paz, administraciones locales como la de Guanajuato han defendido estos programas argumentando que fomentan valores de ciberseguridad, protección civil y orden. Ante este panorama, padres de familia y tutores exigen mayor claridad a las secretarías de educación estatales para evitar que centros informales operen sin controles estrictos de seguridad que salvaguarden la integridad física de los menores.
