Miles de niñas, niños y adolescentes en Baja California enfrentan una situación de profunda vulnerabilidad social y económica tras perder a sus padres a causa de homicidios y desapariciones forzadas vinculadas a la delincuencia. A pesar de la magnitud de la crisis de seguridad que azota a la entidad, los menores afectados quedan frecuentemente en el desamparo institucional.
Organizaciones civiles y familiares de las víctimas señalan que los protocolos legales y de asistencia social implementados por dependencias estatales como la fiscalía y los sistemas DIF se encuentran rebasados o desfasados ante la cantidad de casos. Como resultado, la carga económica y emocional recae casi en su totalidad en abuelos u otros familiares cercanos, quienes deben lidiar con la manutención sin contar con apoyos gubernamentales específicos para esta condición de orfandad.
Especialistas advierten que la atención posterior al delito suele ser inexistente, privando a los menores de un entorno seguro, acompañamiento psicológico y continuidad escolar. Mientras las cifras oficiales se centran en el recuento de delitos, los menores afectados continúan a la espera de políticas públicas integrales que garanticen sus derechos y un futuro alejado de la violencia.
