La denuncia es contra quien resulte responsable por la comisión de hechos constitutivos del delito de coalición de servidores públicos, tipificado en el artículo 216 del Código Penal Federal.
La diputada local de Morena, Edna Rivera López, interpuso una denuncia en el Ministerio Público de la Federación contra quien resulte responsable por las supuestas omisiones y acciones inconstitucionales del Congreso de Tamaulipas ante el juicio de declaración de procedencia en contra del gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca.
En dicha denuncia, la legisladora detalla cada uno de los hechos desde el inicio de este proceso el 23 de febrero de 2021, cuando la Fiscalía General de la República, solicitó a la H. Cámara de Diputados a través de la Secretaría General, el juicio de declaración de procedencia del gobernador de Tamaulipas.
La denuncia es contra quien resulte responsable por la comisión de hechos constitutivos del delito de coalición de servidores públicos, tipificado en el artículo 216 del Código Penal Federal.
“Tenerme por presente con la formal denuncia y demás documentos que acompañan a la misma, en contra de quien y/o quienes resulten responsables por los delitos que se estimen pertinentes contenidos en la presente acción”, señala.
En los hechos de esta demanda, Rivera López menciona 15 puntos y añade criterios emitidos por los más altos tribunales constitucionales, que tienen relación con el presente caso.
El punto 13 establece qué: “En la Sesión del Pleno del Congreso de Tamaulipas del pasado martes 22 de junio del presente, las y los diputados del Partido Acción Nacional presentaron una iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona un párrafo tercero al artículo 84 de la Constitución Política de Tamaulipas y un párrafo tercero a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, misma que tiene como objeto que cuando el Congreso Local determina la no homologación de la declaratoria por parte de alguna de las cámaras federales su decisión será definitiva e inatacable”.
El punto 15 dice: “El Código Penal Federal en su artículo 216 establece que ‘cometen delito de coalición de servidores públicos, los que teniendo tal carácter coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley, reglamento u otras disposiciones de carácter general, impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir suspender la administración pública en cualquiera de sus ramas’…”.
Menciona que el artículo 5o de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos señala de manera enunciativa que estos son entre los que se encuentran “los gobernadores de los estados, diputados de las legislaturas locales y magistrados de los tribunales superiores de justicia locales, mismos que podrán ser sujetos de juicio político por violaciones graves a la constitución y a las leyes federales que de ella emanen”.
Además, señala que quienes han favorecido este proceso, inobservaron los principios que caracterizan al servidor público para cometer acciones contrarias a la declaración de procedencia emitida por el Congreso de la Unión, “pues a través de recursos legales notoriamente improcedentes pretendieron impedir los efectos legales de aquella, que en términos constitucionales es separar al gobernador del estado de su cargo”.
La denuncia, también solicita que en caso de estimar que la responsabilidad penal recae en algún funcionario y/o servidor público de los que la Ley les concede fuero o inmunidad de carácter local o federal, soliciten ante los congresos respectivos lo que en derecho proceda, a fin de iniciar procedimientos de desafuero de los servidores públicos involucrados en lo señalado en dicho documento.
