El exgobernador de Guerrero enfrenta un escrutinio reactivado por su presunto grado de omisión y responsabilidad política durante la desaparición de los 43 normalistas.
A más de una década de los sucesos que marcaron al país, la figura de Ángel Aguirre Rivero permanece indisolublemente ligada a la crisis de Ayotzinapa. Como mandatario estatal en funciones durante la noche de la desaparición, su administración ha sido señalada reiteradamente por las deficiencias en los protocolos de contención y la inacción de las fuerzas de seguridad estatales ante el ataque coordinado contra los estudiantes.
Frente a las nuevas fases de la investigación, el exfuncionario ha articulado una defensa basada en la transferencia de culpas. Su narrativa central insiste en rechazar cualquier pacto o complicidad con las estructuras criminales que operaban en la región, desviando la responsabilidad del resguardo territorial hacia las corporaciones federales y las autoridades municipales de aquel momento. Esta maniobra intenta blindar su historial frente a los expedientes que buscan reconstruir la cadena de mando institucional.
Para los colectivos de búsqueda y los padres de los normalistas, la licencia al cargo que Aguirre solicitó meses después de la tragedia nunca representó una vía de justicia, sino un recurso de evasión política. Las organizaciones civiles mantienen la exigencia de que el exgobernador sea investigado a fondo, no solo por la parálisis operativa de aquella noche, sino por el nivel de infiltración del crimen organizado en las dependencias de su gobierno, una arista del caso que consideran lejos de estar resuelta.
