La falta de regulación en las obras y el nulo mantenimiento preventivo multiplicaron el nivel de destrucción tras el reciente movimiento telúrico.
El crecimiento urbano desorganizado fomentó la proliferación de inmuebles construidos al margen de los códigos de seguridad sísmica. Los peritajes preliminares indican que el uso de materiales deficientes y las prácticas de autoconstrucción sin aval técnico dejaron a sectores enteros sin capacidad de soporte ante la liberación de energía.
A la fragilidad de origen se sumó el desgaste por años de abandono tanto institucional como privado. Las brigadas de evaluación detectaron que una alta proporción de los edificios derrumbados ya presentaba daños severos previos al siniestro, como grietas profundas y fatiga en los muros de carga, factores que precipitaron su caída.
Este escenario ha detonado exigencias para endurecer la supervisión del desarrollo inmobiliario. Especialistas y organismos de protección civil urgen a los gobiernos locales a implementar auditorías obligatorias en zonas de alto riesgo y a sancionar la opacidad en la expedición de licencias para mitigar vulnerabilidades en futuras contingencias.
