Miles de contribuyentes en el estado mantienen obligaciones financieras pendientes con el Servicio de Administración Tributaria, encendiendo alertas en materia de recaudación.
El órgano tributario registra un incremento sostenido en el volumen de créditos fiscales no liquidados por parte de personas físicas y morales en la entidad. Este déficit refleja las complicaciones económicas que enfrentan los sectores productivos para cubrir sus declaraciones, pagos provisionales y multas dentro de los plazos estipulados por la ley.
Para mitigar el rezago y fortalecer las arcas públicas, la autoridad hacendaria ha intensificado el envío de notificaciones y requerimientos a través del Buzón Tributario. La dependencia busca que los deudores se apeguen a esquemas de regularización voluntaria o convenios de pago, antes de activar procedimientos administrativos de ejecución que deriven en el bloqueo de cuentas bancarias.
La acumulación de estos pasivos representa un riesgo severo para la viabilidad de los negocios locales. Mantener un estatus irregular ante Hacienda restringe automáticamente la emisión de facturas, bloquea la participación en licitaciones gubernamentales y limita el acceso a líneas de crédito, asfixiando la operatividad comercial de las empresas en el mercado formal.
