La modernidad de la zona conurbada del sur de Tamaulipas enfrenta una deuda histórica con la accesibilidad universal. Mientras los proyectos turísticos y comerciales avanzan, una parte significativa de la población en Tampico, Ciudad Madero y Altamira padece las consecuencias de una traza urbana que parece ignorar a quienes viven con alguna discapacidad motriz. La falta de rampas adecuadas y el deterioro extremo de las banquetas han dejado de ser un inconveniente logístico para transformarse en una denuncia social que exige una intervención urgente de las autoridades municipales.
Habitantes con discapacidad y colectivos ciudadanos de la región han alzado la voz para denunciar que la movilidad autónoma es prácticamente imposible en gran parte del sector central y las colonias periféricas. El reclamo principal se centra en la inexistencia de rampas en esquinas clave y en el diseño deficiente de las pocas que están instaladas, las cuales suelen presentar pendientes tan pronunciadas que resultan peligrosas. Esta situación obliga a los usuarios de sillas de ruedas a descender al arroyo vehicular, exponiéndose a accidentes graves ante el flujo constante de unidades de transporte público y vehículos particulares.
La realidad que describen los afectados es la de una ciudad diseñada exclusivamente para peatones sin limitaciones físicas. Los testimonios coinciden en que muchas de las rampas actuales fueron construidas “por compromiso” y no bajo normas técnicas de urbanismo incluyente. Es común encontrar accesos que desembocan directamente en postes de luz, botes de basura o registros de drenaje abiertos, lo que anula su función original. Además, el crecimiento de las raíces de árboles antiguos ha levantado las losas de las aceras, creando escalones naturales que son infranqueables para una persona sin asistencia.
Este déficit de infraestructura no solo limita el tránsito, sino que restringe el acceso a derechos fundamentales como el trabajo, la salud y el esparcimiento. Ciudadanos señalan que intentar realizar un trámite bancario o asistir a una consulta médica en el centro de la ciudad se convierte en una odisea que requiere la ayuda de terceros. La queja ciudadana subraya que la inclusión no puede quedarse en el discurso político, sino que debe reflejarse en presupuestos etiquetados para la rehabilitación integral de las rutas peatonales, priorizando las zonas de mayor afluencia y los alrededores de instituciones públicas.
Para este año, la demanda social apunta a que las administraciones locales dejen de ver la construcción de rampas como una obra menor y la integren como un eje central del desarrollo urbano. Los ciudadanos exigen un censo real de los puntos críticos de movilidad para que se ejecute un plan de obra que elimine las barreras arquitectónicas de manera definitiva. La advertencia es clara: una ciudad que no permite el libre tránsito de todos sus habitantes, sin importar su condición física, es una ciudad que falla en su misión de progreso y equidad social.
