Su aprehensión por el caso Ayotzinapa destraba un expediente financiero de 2015 sobre la presunta triangulación de casi 300 millones de pesos, un delito al borde de la prescripción.
La captura del exgobernador de Guerrero no solo lo vincula al caso de los normalistas; el mandato judicial recupera una inestigación hacendaria que documenta un millonario esquema de extracción de recursos durante su gestión. La autoridad financiera señala que más de 287 millones de pesos, provenientes de contratos públicos, habrían sido drenados a través de empresas fachada y canalizados hacia las cuentas personales de su círculo familiar y colaboradores cercanos.
Al dictar su reclusión en un penal de alta seguridad, el juzgador federal argumentó que el perfil del político representa un alto riesgo de fuga. La resolución consideró que su capacidad económica, su red de propiedades y la influencia derivada de su paso por la gubernatura le otorgan los medios suficientes para evadir la acción de la justicia, justificando así la prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso legal.
Aunque el caso recobra vigencia, las autoridades enfrentan un escenario jurídico apremiante. Mientras que el delito de lavado de dinero mantiene un margen procesal hasta 2029 debido a interrupciones legales previas, los cargos por peculado —referentes a la sustracción de fondos estatales— se encuentran al límite, con una prescripción proyectada para octubre de 2026, lo que obliga a la fiscalía a acelerar su estrategia acusatoria.
